Desde que el equipo económico que viajó a Washington la semana pasada acordó sentarse a debatir una reconfiguración del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó una instancia de negociación que se extenderá hasta mayo.
En el Palacio de Hacienda estiman que durante las próximas tres semanas se llevarán adelante conversaciones técnicas e incluso puede haber reuniones presenciales entre los técnicos de la Argentina y el Fondo. La raíz de la discusión tiene que ver con la magnitud del impacto de la sequía, que se traducirá en una mayor o menor flexibilización de las metas acordadas.
Por eso, la comitiva oficial insiste en que “todas las alternativas están sobre la mesa”, fundamentalmente una nueva modificación sobre los objetivos trazados en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y la posibilidad de adelantar desembolsos para ayudar a revertir la escasez de dólares.
En la discusión que mantuvieron los funcionarios argentinos con los representantes del Fondo durante las asambleas de primavera que organiza el FMI apareció una cuestión clave que avaló la posibilidad de cambiar el programa: la sequía. Ese factor -asumieron desde el Gobierno y el organismo de crédito- funcionó como un “game changer”, es decir, una condición suficiente y necesaria para modificar las reglas del juego.
Durante su gira por Washington, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tras acordar la reformulación del programa, y antes se había visto con la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, con quien evaluaron el impacto de la sequía para el ingreso de dólares a la Argentina.
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El acuerdo con el FMI se basa en el cumplimiento de tres objetivos principales: reducir el déficit fiscal -para este año está previsto que sea de 1,9%-, acumular más reservas al BCRA -hace unas semanas se redujo de US$5500 a US$1900 millones la meta de acumulación prevista hasta marzo y de US$8600 a US$6800 el objetivo a alcanzar en junio- y mantener a raya la asistencia monetaria al Tesoro -para 2023 se prevé que sea del 0,6% del PBI-.
Sobre el primer punto, Massa aceleró los contactos con organismos como el BID para contar con más fondos. De esta gira, se consiguieron casi US$2500 millones, tal como explicó TN. Además, el Palacio de Hacienda apuesta a mejorar los ingresos gracias al nuevo “dólar agro” e incluso esperan que con la organización del Mundial Sub 20 en la Argentina genere este año unos US$600 millones entre los gastos de la FIFA para la preparación del evento, el movimiento turístico y económico regional y local, y el incremento del turismo receptivo. Sin embargo, esto no significa que estos fondos sean suficientes para compensar las pérdidas de la sequía ni para apuntalar las reservas del BCRA.
A la delicada situación de las reservas, ahora se suma una fuerte preocupación por el incumplimiento del frente fiscal, ya que para el primer bimestre del año ya se había consumido prácticamente toda la meta. Esta situación alertó a los técnicos del Fondo, que ya en abril comenzaron a insistir con la necesidad de reorientar la entrega de los subsidios a la energía y la asistencia social, específicamente hizo hincapié en profundizar el control sobre la moratoria previsional impulsada por el kirchnerismo.
“Será fundamental garantizar las tarifas de energía para viviendas y servicios residenciales de altos ingresos”, puntualizó el último staff report del organismo. Cuando se acordó modificar la meta de reservas, el Gobierno se comprometió a quitarle los subsidios a la energía a las personas conocidas como Nivel 1, es decir, los de mayores ingresos, para el mes de mayo.
Fuente: Infobae
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