La tasa de inflación que “renunció” al ministro Martín Guzmán, en julio del año pasado, fue del 7,4% y venía del piso del 5,1% en mayo de ese año. La tasa de inflación de marzo de este año fue del 7,7% y venía del piso del 4,9% en noviembre del año pasado, o del 5,1% de diciembre.
Obviamente, entiendo que la correlación inflación creciente y renuncia de Guzmán es una simplificación exagerada y, antes que me malinterprete, no estoy prediciendo, proponiendo, ni mucho menos deseando la renuncia del ministro Sergio Massa.
Simplemente, estoy poniéndole contexto a un problema inflacionario que va más allá de la guerra, la sequía, o el mal manejo de los controles de precios en los supermercados chinos. Argentina va en camino de duplicar el ritmo anual de su tasa de inflación en un año.
Después de la cuarentena eterna que “encerró” a la oferta de bienes y a la demanda de pesos, el desmanejo macroeconómico del segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022, nos dejó con una variación de precios en torno al 60% anual, y ahora, pese a un mayor orden fiscal en el segundo semestre del 2022, estamos rumbo al 120% anual.
¿Qué está pasando?
Lo primero que hay que decir es que ese mayor orden fiscal del segundo semestre del 2022 fue insuficiente.
Para plantearlo más crudamente, el orden fiscal del segundo semestre del 2022 fue un espejismo surgido, precisamente, de los efectos de la aceleración de la tasa de inflación que licuó gastos e infló ingresos. Orden disfrazado detrás de anuncios de límites a partidas presupuestarias y de reducción de subsidios a los precios de los servicios públicos que no se produjeron, o que se realizaron con menor potencia que la prevista, apostando a la “magia” política.
Lo segundo que hay que decir, es que el gobierno (¿Junto al FMI?), no entendió que siendo el Tesoro el principal deudor de la Argentina, y el Banco Central su principal prestamista, más temprano que tarde, un ajuste fiscal light iba a terminar en mayor desorden monetario.
Lo tercero, en gran parte consecuencia de lo segundo, como le vengo contando desde esta columna hace rato, es que a mayor desorden monetario, mayor pérdida de reservas del Banco Central, en la medida que se siguieran vendiendo dólares percibidos como “baratos”.
De hecho, mientras la inflación entre marzo 2022 y marzo 2023 fue del 104,3%, la variación del dólar oficial, en el mismo período no llegó a 88%.
Cuarto, es cierto que la sequía es mala suerte, pero mala suerte que se sumó a mala praxis. Dicho sea de paso, fue precisamente la sequía la que ayudó a que, liquidación de hacienda y baja del precio de la carne consecuente, la tasa de inflación de noviembre y diciembre pasados estuviera en torno al 5% mensual.
Quinto, la influencia de la “guerra” (eufemismo que usa el gobierno para no decir la “invasión de Rusia a Ucrania”) se ha diluido en estos meses, dado que los precios de la energía importada han caído sustancialmente, respecto de un año atrás, mientras se mantuvieron más o menos constantes los precios de los commodities agrícolas.
Volviendo a la combinación sequía-desorden monetario, el Gobierno está tratando de evitar una devaluación más generalizada que la que surge del actual “dólar agro”, para frenar la suba de precios.
Pero sucede que la falta de dólares oficiales para importar y la “sensación de salto devaluatorio” que sobrevuela las cuentas externas, en el marco de una brecha cercana al 100%, hace que la supuesta ancla cambiaria funcione muy débilmente, y que los precios de cada vez más productos y servicios se fijen mirando algún precio del dólar más cercano al libre que al oficial, y que se determinen dependiendo de lo que “aguante la demanda”, en una economía cerrada de hecho.
Con este panorama, y dado que el ajuste fiscal requiere más licuación y no menos, que los vencimientos de deuda interna obligan a más emisión y no a menos, y que difícilmente se pueda profundizar el atraso cambiario y/o postergar la reducción de subsidios a la energía y el transporte para los sectores de ingresos altos y medios, el escenario inflacionario luce complicado.
A estas alturas, resulta imposible aislar este panorama económico de la realidad política.
El ministro Massa está tratando de obtener, con los amigos de Washington, los dólares necesarios para alejar, al menos hasta agosto, la expectativa de salto devaluatorio.
En agosto, después de las PASO, se verá en qué contexto de poder político llegaremos a las elecciones generales. Si en un marco que habilite una transición ordenada, o en un peligroso desbande del oficialismo.
Por lo tanto, instrumentar un programa de estabilización durante lo que resta del año es posible pero improbable.
El único “ancla” disponible, lamentablemente, es la caída de la actividad y del poder de compra de la demanda, mientras que las expectativas de inflación están “desancladas”.
En síntesis, lo máximo que podemos esperar es que la política ayude para que esas expectativas no se desborden aún más.
En términos futbolísticos, firmar el empate.
Fuente: Infobae
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