Los datos duros, revelados por un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, revelan que en Buenos Aires, el 26 por ciento del salario mínimo se destina al pago de servicios públicos. En redondo es uno de cada cuatro pesos que ingresan a una familia que vive con lo justo. El mismo informe explica que la electricidad, por ejemplo, se encareció un 2.300 por ciento en tres años.
Los otros servicios se encarecieron menos, pero más que el salario. En gas el aumento ya lleva acumulado un 1752%, en agua alcanzó el 655%, en colectivos urbanos 329%, los trenes aumentaron 401%. El problema es que van a seguir en esa tendencia y en proporciones nada razonables.
Esta situación pone en jaque a los vecinos y a los intendentes que prestan asistencia para pagar las boletas. Algunos de ellos cuentan con angustia que sostienen con 800 pesos a grupos familiares y que ese dinero se va directo al bolsillo de los dueños de la energía. Y ven con preocupación que, con el próximo aumento no alcanzará ni para un aporte de esa modestia.
Los municipios se hacen cargo, por transferencia de obligaciones ordenada desde Nación, de la tarifa social. Eso implica enormes erogaciones para las arcas comunales, golpeadas por la quita del Fondo Sojero y por la imposibilidad de subir en la misma proporción sus contribuciones. Se sabe: la Tasa SUM -el viejo ABL- es lo primero que se deja de pagar en épocas de vacas flacas. ¿Cómo afrontarán estas nuevas obligaciones?
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