El juez federal Claudio Bonadio proces\u00f3 este jueves a 92 intendentes y ex intendentes como part\u00edcipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administraci\u00f3n p\u00fablica a trav\u00e9s de un programa de gesti\u00f3n de residuos urbanos (PGRISU).<\/p>\n
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas An\u00edbal Fern\u00e1ndez, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables pol\u00edticos del manejo del programa.<\/p>\n
Los procesamientos seg\u00fan consign\u00f3 la agencia de noticias T\u00e9lam, fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de Ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucum\u00e1n, R\u00edo Negro, Santiago del Estero, Entre R\u00edos, C\u00f3rdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.<\/p>\n
Seg\u00fan el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administraci\u00f3n p\u00fablica entre los a\u00f1os 2013 y 2015 que habr\u00eda superado los 600 millones de pesos.<\/p>\n
“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 p\u00e1ginas.<\/p>\n
Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Dura\u00f1ona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez.<\/p>\n
“Cada intendente con su accionar contribuy\u00f3 activamente en la concreci\u00f3n de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, sostuvo el juez.<\/p>\n
“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni m\u00ednimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se hab\u00edan obligado”, remarc\u00f3.<\/p>\n
El magistrado agreg\u00f3 que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.<\/p>\n
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.<\/p>\n
En esta causa, la C\u00e1mara Federal ya analiz\u00f3 el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que “quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia ten\u00edan a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganizaci\u00f3n era funcional a tales fines”.<\/p>\n
En total son 10 los ex funcionarios nacionales que est\u00e1n procesados por la implementaci\u00f3n irregularidad del programa que ten\u00eda como finalidad lograr una mejora en la gesti\u00f3n sustentable de residuos s\u00f3lidos urbanos, a trav\u00e9s de la financiaci\u00f3n de proyectos municipales de todo el pa\u00eds.<\/p>\n
Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que deb\u00edan presentar los intendentes, previa firma del convenio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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